Política y Discapacidad. Con mayúsculas.

Sin generar revuelo fuera del sector de la discapacidad el Real Decreto 3/2011 de febrero de este año deroga prácticamente toda la normativa que afecta a la financiación del empleo de las personas con discapacidad, dejando la nueva regulación condicionada a la negociación de la estrategia nacional de empleo (antes del 31 de octubre de este año) y al Plan Nacional de Empleo para 2012. Este Real Decreto ha generado, con razón, muchísima inquietud en el sector. Por un lado pueden desaparecer las medidas extraordinarias arbitradas para la crisis sin que esta haya acabado y, por otro, no queda nada claro que la nueva normativa vaya a fijar unos mínimos de apoyo de ámbito nacional, lo que podría generar una creciente inequidad en el tratamiento económico y apoyos que habría de dispensarse al empleo de las personas con discapacidad en función de la sensibilidad y disponibilidad de recursos que cada Gobierno autonómico pueda asumir.
Navarra, en todo caso, tiene un marco de mayor flexibilidad en la gestión por su singular sistema fiscal (Convenio Económico) y su competencia en Políticas Activas de Empleo. Existe además un amplio consenso social sobre la necesidad de apoyar la integración de las personas con discapacidad para lo cual el empleo es una de las herramientas fundamentales.
¿De dónde partimos?.Los años precedentes han sido duros. Al bajar drásticamente el volumen de actividad económica, muchas personas con discapacidad autónomas han cerrado su negocio, las empresas tienen grandes dificultades para el cumplimiento de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), y los Centros Especiales de Empleo (entidades generadoras de empleo masivo para personas con discapacidad) han padecido fortísimas disminuciones en su facturación, lo que ha conllevado ajustes obligatorios en su estructura de costes; el más significativo: la no renovación de muchos contratos temporales. Aun así, gracias al apoyo social, los ajustes internos y la intensa labor comercial se ha comenzado a generar empleo en el sector de los CEE en 2011, estando aun lejos de las tasas de otras economías europeas. No olvidemos que el desempleo en colectivos de discapacidad como la intelectual es del 70%.
Los avances que vamos manteniendo con alfileres se ven ahora, por si no fuera suficiente la crisis, zarandeados por la voluntad política de traspasar en la práctica las políticas activas de empleo a todas las comunidades autónomas, lo cual en si puede ser positivo ya que acerca la gestión a la realidad de cada territorio, pero sin atreverse a gestionar la excepcionalidad que representan las personas con discapacidad o los colectivos en riesgo de exclusión, y fijar unos mínimos en todo el estado adecuados para un colectivo que se va a ver forzado a negociar con 17 interlocutores para establecerlos. Y ya sabemos que quiere decir negociar en tiempos de recortes.
Es una responsabilidad Política, con mayúsculas, garantizar que algunos colectivos tienen los apoyos que precisan independientemente de la comunidad en la que habitan. Los partidos de ámbito estatal tienen todavía opción de enmendar ese decreto, aunque en vigor aun en tramitación para pasar a Ley, o mantener en la Estrategia Española los mínimos actuales en todo el territorio al menos hasta que pase la crisis. Los esfuerzos del sector para defender esta postura se están viendo frenados por políticas con minúscula de pactos e intereses que no parecen obedecer a la búsqueda del bien común. No se entiende además cuando en términos de PIB estamos hablando de un 0,04%. Migajas para las cifras globales pero crítico para el empleo de más de 57.000 personas en España, de ellas 1.500 en Navarra.
Aun estamos a tiempo. Y si finalmente no se consigue, llegará el momento de que Navarra tome el relevo y se garantice la Política con mayúsculas en cuestiones de Empleo y Discapacidad, en la línea que ha venido haciendo históricamente, y tratar de seguir dando ejemplo.